“DEFENSORA OFICIAL Nº 4 c/ PROVINCIA DE SALTA; MINISTERIO DE SALUD MENTAL; DIRECCION DEL HOSPITAL RAGONE y COLONIA LOZANO – AMPARO COLECTIVO”; Expte. Nº 296.358/10


Fecha: 17/02/2010
Materia: CONSTITUCIONAL
Origen: PROCURACION GENERAL
Tomo: No especificado
Expediente: -296358/0
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO C.C. - SALA V

Que la competencia oficiosa por intereses difusos prevista en el artículo 166 inciso f de la Constitución Provincial ha sido otorgada al Ministerio Publico Fiscal y retirada de las atribuciones del Ministerio Público de la Defensa (conf. art. 47 L.O.M.P.). De allí que la rama fiscal -como sucede en gran parte del mundo- resulta requirente, y posee un poder de actuación oficioso en la temática colectiva. Que la representación para concurrir por afectados en sus derechos de incidencia colectiva o difusa, están reglados específicamente en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia, que remite a la reglamentación legal para ordenar la legitimación procesal. En este sentido resulta inaplicable en estos casos colectivos la invocación del artículo 90 de la Carta Magna local, invocado por la Defensora Oficial Nº 4, norma que expresamente refiere al supuesto de presentación por el interés de “un tercero”. Cabe recordar que en un hito para la jurisprudencia local dado por el fallo del 07/09/2009 en los autos caratulados “MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIVIL VS. PODER EJECUTIVO PROVINCIAL - AMPARO – RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. N° CJS 32.088/08 (Tomo 136:695/710), la Corte de Justicia local, a instancia de este Ministerio Fiscal, acuña la doctrina de la justiciabilidad de los derechos humanos sociales, en función de la exigibilidad judicial de políticas públicas concretas. Ante ello, y como sostiene la propia Corte Suprema en el precedente citado, resulta útil ilustrarse en las directivas de la Regla 23 (Equity Rule 23) las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 y las Federal Rules de 1966. En su nota a fallo sostiene Lozano que en la acción de clase, según las reglas usualmente aceptadas en las diversas jurisdicciones estadounidenses, federal y estaduales, debiera primeramente concretarse la "certificación de la clase", acto judicial que define quiénes se tendrán por alcanzados en la sentencia erga omnes y que exige la verificación de los requisitos y/o recaudos que resumidamente son Numerosity, Typicality, Commonality y Adequacy of representation (conf. Lozano, Luis Francisco, A propósito del fallo "Halabi", L.L. 2009-F, 777). No debe olvidarse que dicha certificación en cabeza del magistrado, resulta posible hacerla durante todo el pleito, aunque resulta recomendable su previsión temprana. Pero el conflicto en cuestión, por el respeto a la dignidad de la persona al que hemos enfatizado en el punto anterior, parece indicar que mejor es que cada tratamiento individual resulte particularmente abordado. Y para esto, resulta de mayor profundidad una acumulación de los trámites judiciales y administrativos de cada paciente ante un solo tribunal, y desde allí hacer el escrutinio judicial con la política pública sanitaria que globalmente se les impone y las necesidades en cada caso. Doctrina: Dr. Lloret