“IRIARTE, CARLOS DANIEL Y OTROS c/ PROVINCIA DE SALTA, PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE TARTAGAL – AMPARO”; Expte. Nº CJS-032628/09


Fecha: 27/04/2010
Materia: PROCESAL
Origen: PROCURACION GENERAL
Tomo: No especificado
Expediente: CJS-32628/2009
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA DE SALTA

La accionante, además, caracteriza que intermedian en sus reclamos derechos de incidencia colectiva e individuales homogéneos. Entonces, no se reclaman resarcimientos individuales, sino que se pretende un mandato dirigido a la Administración, donde el tribunal reconoce la discrecionalidad de ésta, pero le fija un objetivo (Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva; Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, p. 183), que tiene como frontera constitucional la determinación de los procedimientos. En el caso, como se ha venido examinando, la Administración exhibe un objetivo y un procedimiento concretos. Una decisión que los contraríe podría burlarlos e invadirlos. Sostuvo la Corte Suprema que “En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa” (Fallos, 332:111). Conforme esta doctrina, puede afirmarse que en el presente caso, la pretensión de los vecinos no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los ciudadanos de Tartagal. Por otra parte, y avanzando en los aspectos que llevan a la colectivización del presente proceso, vemos respecto del análisis de la representación adecuada que corresponde, en tanto la sentencia no revoca el decreto que tiene por parte a la accionante en el carácter que invoca, exime al Ministerio Público Fiscal de realizar un análisis en este sentido. No obstante, dicha potestad de revisar la representación la tiene ese Tribunal en cualquier momento que lo considere oportuno, por las razones de interés público que inviste los derechos en juego y el derecho de debida defensa de los ausentes del colectivo (conf. Oteiza, Eduardo; Verbic, F.; La representatividad adecuada como requisito constitucional de los procesos colectivos ¿Cuáles son los nuevos estándares que brinda el fallo "Halabi"?, en Lexis Nº 0003/014882). Sobre la invocación de los intereses difusos sostenida por los demandantes, en tanto éstos encarnan intereses diversos a los estrictamente individuales y están enfocados en su subjetividad asociada, resulta apropiada. En este caso, el pertenecer al sector de ciudadanos que viven en la ciudad enclavada en una zona de riesgo ambiental y sanitario, les habilita en su pretensión de manera fuerte y concreta, pero dilatada o ensanchada en cuanto a su titularidad, al ser ésta pluriindividual y necesariamente vinculada a bienes colectivos como el ambiente y la salud pública (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva; Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, págs. 85 y 86). Reafirmando lo dicho se destaca que los intereses difusos tienen recepción en nuestra Constitución, en el art. 86 segundo párrafo, al asegurarse el ejercicio de los derechos constitucionales también para un grupo de personas físicas. Y también en el art. 91 del mismo cuerpo legal, que ordena reglamentar mediante Ley la defensa jurisdiccional de estos intereses -todo lo cual es una deuda del Legislativo Provincial al igual de lo que acontece en el orden nacional-(conf. CSJN, Fallos, 332:111). …, el carácter de popular de la acción que las demandantes imprimen en la especie, debe aclararse, no está dado hacia los alcances previstos en el art. 92 de la Constitución, en tanto no se refiere en la demanda a un acto administrativo general o legislativo concreto que se busca suspender. Este amparo, busca estimular que la autoridad realice una acción (injuction) –que como define Taruffo- busca una sentencia por la que se ordena al demandado que realice un determinado acto -o una serie de actos- o que se abstenga de su realización, y que es distinta de la condena a la reparación del daño (Taruffo, Michele – Hazard, Geoffrey C. Jr., La Justicia Civil en los EEUU, Thomson Arazandi, España, Navarra, 2006, p. 177). Por ello, la pretensión popular de autos puede verificarse, siguiendo a Lorenzetti, como una acción popular “sui generis” del art. 30 in fine de la Ley General del Ambiente N° 25675 (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva; Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, pgs. 87/94), lo cual limita este alcance a la cesación de las causas del daño. …, la Carta Magna local ha previsto que es también obligación primaria de los Municipios lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad, como así también a la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible (art. 175 inc. 9). Y sentado esto no resulta válida la argumentación de la comuna en torno a la sola colaboración con la Provincia como un eximente, en tanto el ejercicio del poder de policía ambiental local resulta una pieza fundamental para garantizar un medio ambiente adecuado y saludable. Que la ley 25675 en el segundo párrafo del art. 33 establece que “La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias”. En este sentido, sostiene Lorenzetti que “Cuando la acción colectiva se rechaza por la falta de pruebas, el fallo solo tiene validez para las partes. Así, cualquier otra persona podrá replantear la petición” (Lorenzetti, Ricardo L., Justicia Colectiva; Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, p. 91).   Fdo. Dr. Pablo lopez Viñals - Procurador General Doctrina: Dr. LLoret