Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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14/05/2010-Acción penal contra los ex funcionarios Altube, Cáceres y Larrán  

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La Fiscal Penal 2 del Distrito Centro, María Inés Loyola, promovió acción penal en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en la contratación y pago de una millonaria suma de dinero para la digitalización del archivo provincial con la empresa Plumada S.A., en el año 2007. Se trata de María Esther Altube, ex Ministra de Educación de la provincia, Miguel Angel Cáceres, ex Coordinador General de Bibliotecas y Diego Larrán, ex asesor Legal del Ministerio de Educación. Además, abarcaría a directivos de la firma, acusándolos del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en grado de autores y cómplices.

La fiscal imputó ante el Juzgado de Instrucción Formal de 2da. Nominación, a cargo de Esteban Dubois, a varios ex funcionarios de alto rango del Gobierno anterior y directivos de la empresa Plumada, y solicitó que se establezca que otras personas podían ser responsables por el desempeño desleal de la función pública.

Para adoptar esa decisión, la Fiscal Loyola consideró las cuantiosas irregularidades administrativas que caracterizaron al proceso de contratación, tales como la violación de las normas locales sobre contrataciones, y el exiguo tiempo en que se llevó a cabo –menos de seis días hábiles-, teniendo en cuenta el volumen económico del contrato, unos 11 millones de pesos.

Estas irregularidades fueron descriptas de manera coincidentes por diferentes dictámenes técnicos de organismos de control, tales como la Auditoría General de la Provincia, la Sindicatura General y la Secretaría Legal Técnica.

En este sentido consideró la falta de los controles obligatorios que prevé la ley para esos casos, “lo que hace suponer una probable vinculación entre los funcionarios intervinientes con algunos de los miembros de la Firma Plumada, que evidencian un interés particular en que tal negocio se realice, tiñendo de sospecha de parcialidad la actuación de un órgano que no sólo debe ser imparcial sino evitar toda imagen en contrario”.

La investigación penal fue iniciada de oficio el 8 de abril pasado por el Fiscal Correccional 6, Facundo Ruiz de los Llanos, formando actuaciones tendientes a la averiguación de los hechos que diversas noticias periodísticas denunciaban como irregulares en relación a la contratación del servicio de digitalización del archivo provincial.

Luego de ello, la Procuración recibió documentación remitida por la Secretaría General de la Gobernación, como el Decreto del Gobernador de la Provincia dejando sin efecto aquella contratación, el informe de Auditoría de la Provincia que motivó el dictado de esa norma y copias del expediente administrativo del Ministerio de Educación del año 2007, en donde se había instrumentado ese contrato. Tales actuaciones fueron giradas al Fiscal que ya se encontraba interviniendo en la cuestión.

Como medidas preliminares y para contar con la totalidad de elementos necesarios, Ruiz de los Llanos solicitó a la Fiscalía de Estado y a la Sindicatura de la Provincia los antecedentes de ese contrato y los dictámenes que culminaron con su cancelación.

El fiscal pidió además a diversas dependencias públicas que remitieran los expedientes administrativos con toda la documentación relativa a la contratación que celebró la Provincia con la empresa Plumada, desde el año 2006 y los informes que podría haber emitido al respecto la UNIREM como organismo de control.

Con toda esa información, el Fiscal Correccional decidió remitir las actuaciones al Fiscal Penal en turno, Loyola, al entender que, del análisis de esos elementos, surgía la posible comisión de un delito de mayor gravedad por lo que el caso debía ser manejado por una Fiscalía con atribuciones en esa clase de ilícitos.

Con su promoción de acción, Loyola superó ampliamente la hipótesis originaria de que podía tratarse de un simple incumplimiento del orden administrativo, relativo a las contrataciones públicas, para propiciar una profunda investigación orientada a conocer si el modo en que se actuó para beneficiar a la empresa Plumada con un contrato adicional de digitalización no se vincula con posibles relaciones entre los funcionarios que entonces actuaban en el Gobierno de Salta y los intereses de la empresa.

Esta visión del caso ha surgido de una valoración sistemática del modo inusual en que se actuó, con ligereza en cuanto a la formalidad y con una velocidad que debe ponerse en consonancia con la circunstancia de que faltaban pocos días para el cambio de autoridades en la Provincia.

La digitalización que se pretendía es un proceso de altísima complicación que ameritaba un profundo análisis por parte de expertos en el tema que pudieran opinar sobre la conveniencia o no de su aplicación como forma de archivo oficial, máxime teniendo en cuenta la importante erogación económica que implicaba.

En este aspecto, la Fiscal pidió que se convoque a la causa a técnicos que puedan aportar datos sobre como debe instrumentarse y estudiarse un proyecto de esta magnitud.

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