Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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02/11/2010-Otra fiscal quiere enjuiciar a Romero, Wayar, Yarade, David y Brizuela por compra de tierras  

Nuevo Diario
La fiscal penal Emma Puente promovió acción penal por los delitos de "fraude en perjuicio de la administración publica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función publica", contra Juan Carlos Romero, Walter Wayar, Fernado Yarade, Javier David, Víctor Manuel Brizuela.

Otra fiscal quiere enjuiciar a Romero, Wayar, Yarade, David y Brizuela por compra de tierras

La fiscal penal Emma Puente promovió acción penal por los delitos de "fraude en perjuicio de la administración publica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función publica", contra Juan Carlos Romero, Walter Wayar, Fernado Yarade, Javier David, Víctor Manuel Brizuela.

También promovió acción penal contra las escribanas Carolina Dellmans Pacheco y Laura Inés Wayar, los responsables de la sociedad y cualquier otro funcionario que hubiera intervenido en las transacciones donde intervino la firma Mercado SRL
La multiplicación de los casos con la misma operatoria y el mismo método, le permitió a la fiscal analizar la aparente existencia de un accionar ilícito por connivencia entre la firma por entonces dirigida por el fallecido empresario Julio Castillo, y funcionarios en 2005.

Para la fiscal surge un cuestionamiento de por qué a la Provincia no adquirió a los anteriores propietarios y aguardó que lo comprara Mercado S.R.L. La sospecha es que ésta empresa adquirió los tres inmuebles para vendérselos inmediatamente a la Provincia. “Este accionar aparece, además, como defraudatorio por la fachada de aparentar interés por favorecer al personas de escasos recursos que no contaban con terrenos ni viviendas, para ocultar un negociado que benefició a una S.R.L”, se indicó.

El pedido de investigación se presentó ante el Juzgado de Pablo Arancibia, quien se declaró incompetente en razón del turno ordenado la remisión de la causa al Juez Martín Pérez.

La fiscal Puente pidió la remisión del expediente "por acumulación de causas" al juez Antonio Pastrana (4ª Nominación), quien tiene la causa por supuesto peculado contra Romero, Brizuela y otros, en operatorias de tierras en La Ciénega.

Al estar involucrados en la promoción de acción penal tres legisladores nacionales (Romero, Wayar y Yarade), el Ministerio Público solicitó al juez la aplicación de la ley nacional 25.320 (conocida como la "ley Cantarero"), que debilita la incidencia del fuero parlamentario, permitiendo que en determinados casos los legisladores deban prestar declaración indagatoria. Esta ley se sancionó a partir de la polémica y cuestionada sanción de la reforma laboral durante la gestión de Fernando De la Rúa que, ante la sospecha de que los senadores habrían recibido coimas para aprobarla, dio apertura a un proceso judicial que terminó con una imputación al mismo presidente.

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