Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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05/07/2010-Se elaborará en Salta un plan de instalación de antenas celulares  

Noticias Iruya
Tal como si en Salta no existiera el gobierno ni un organismo administrativo con competencias suficientes, el Ministerio Público Fiscal, con su Procurador General a la cabeza, está coordinando la elaboración de un plan de estudio de localización y efectos de antenas celulares en la Provincia.

Se elaborará en Salta un plan de instalación de antenas celulares

   Tal como si en Salta no existiera el gobierno ni un organismo administrativo con competencias suficientes, el Ministerio Público Fiscal, con su Procurador General a la cabeza, está coordinando la elaboración de un plan de estudio de localización y efectos de antenas celulares en la Provincia.

   Así se desprende de una información oficial difundida por el portavoz del MPF, que da cuenta de una reunión mantenida por el procurador Pablo López Viñals con autoridades del Ministerio de Salud Pública de Salta, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Secretaría del Interior del Ministerio de Gobierno.

   Lo importante, además de la iniciativa en sí misma, es que su impulso no corresponde a ninguno de aquellos órganos del Estado, sino al Ministerio Público Fiscal, que, según sus propias palabras, coordina el "trabajo conjunto de distintas áreas gubernamentales que permita un abordaje serio de la problemática de radiación electromagnética emitida por las antenas de telefonía celular y sus supuestos efectos sanitarios nocivos".

   A la convocatoria lanzada por el señor López Viñals han respondido -según la fuente- el médico Alberto Gentile, por Salud Púbñica, el técnico Raúl Lizarraga y el abogado José Aráoz Fleming por la CNC, el secretario Godoy hijo y el señor Gonzalo Nieva, emisario de su tocayo y jefe Quilodrán.

   “Promovemos un trabajo conjunto para producir un programa con un nivel de estudio serio, confiable, que permita a las partes involucradas e interesadas anticiparse a una toma de decisiones errónea, dado que la gente percibe la situación como una amenaza a la salud pública”, consideró López Viñals.

   Las autoridades presentes -dice el parte- coincidieron en que una evaluación, diagnóstico y transmisión pública de resultados fiables y certeros, brindará herramientas claras a los municipios para la toma de decisión sobre la instalación, medidas de mitigación ó desinstalación de dichas antenas.

   El nuevo grupo de trabajo tiene un plazo de 30 días para elaborar un plan, que según quienes lo impulsan, será elaborado con las siguientes pautas mínimas:

- trabajos de medición técnica y  relevamiento sanitarios y de usuarios sistemáticos, en los lugares de emplazamiento de antenas celulares en la provincia;

- elaboración de resultados y recomendaciones parciales a presentar al Ministerio Público Fiscal y a cada Intendencia Municipal que corresponda a las zonas relevadas y evaluadas, con un resumen ejecutivo breve, simple y de lenguaje claro para su comunicación pública;

- elaboración de un informe global, con recomendaciones técnicas definitivas a presentar al Ministerio Público Fiscal y a cada Intendencia, con un resumen ejecutivo breve y de lenguaje claro para la comunicación a la ciudadanía.

La normativa
   Dice el MPF que los organismos llamados a formular el plan "apoyarán sus trabajos en normativas específicas", entre las que se cita la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley Provincial del Protección del Medio Ambiente 7.070, que en el artículo 4º indica que el Estado Provincial se regirá por el Principio de Política Ambiental de precaución.

   También se cita a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, que refiere que los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos y normas establecidas para garantizar la seguridad de los mismos.

   Por último, dice que serán tenidas en cuenta la resolución 202/1995 del Ministerio de Salud y Acción Social, que aprueba el Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición a Radiofrecuencias”, y las resoluciones de la Secretaría de Estado de Comunicaciones N° 530/2000, que establece los niveles máximos para la exposición, y la N° 3690/2004, que establece el procedimiento de evaluación de campos electromagnéticos de antenas de comunicaciones.

Interrogantes
   Las preguntas son: si estas normas ya existen ¿qué es de la vida de la autoridad administrativa a la que se ha confiado su aplicación? ¿Tiene que ser el Ministerio Público Fiscal de Salta el que recuerde a los organismos competentes que esta normativa existe y debe ser aplicada?


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