Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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19/05/2010-Un fiscal de Salta pide enjuiciar a Ulloa y Zenteno por incumplimiento de sus deberes  

Noticias Iruya

El fiscal Correccional 4 Gabriel Portal ha solicitado al juez la apertura de juicio oral y público en contra del Defensor del Pueblo Álvaro Ulloa de la Serna y de su secretario Nicolás Zenteno Núñez, por entender que habrían incurrido en el delito de omisión de los deberes de funcionario público.

Tras la investigación penal del caso, el fiscal concluyó que tanto Ulloa como Zenteno habrían incurrido en una “conducta ilícita”, al ejercer a sabiendas de su incompatibilidad -según el fiscal- dos cargos o funciones públicas o políticas de manera conjunta y simultánea.

El fiscal entiende así que el cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el de presidente del consejo directivo del partido político “Propuesta Salteña – Distrito Salta”, aunque fuentes jurídicas han señalado que figura penal escogida por el fiscal para calificar la conducta de los imputados resulta manifiestamente inapropiada.

Dice la información del Ministerio Público Fiscal de Salta que, luego de requerir los expedientes del Concejo Deliberante donde tramitó la designación de Ulloa y todos los antecedentes profesionales y legales, Portal consideró que Ulloa “omitió deliberadamente cumplir con la normativa vigente respecto al cargo que estaba asumiendo”, ya que la función de defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de un cargo partidario, político o gremial y que “de ninguna manera podían ser ejercitadas conjuntamente porque es una institución que debe estar ajena a todo interés o inclinación política”.

El fiscal también imputó a Nicolás Zenteno Núñez, por el mismo delito de omisión de los deberes, ya que se desempeña tanto como Secretario del Defensor del Pueblo y como Vocal del Consejo Directivo de aquel partido político. Sin embargo, respecto de Zenteno, el fiscal agregó un delito más, el de aceptación ilegal de un cargo público.

Portal analizó que Zenteno no reunía los requisitos legales que se necesitan para ser Secretario del Defensor del Pueblo porque no tenía, al momento de asumir, los diez años de ejercicio profesional que la ordenanza prevé y, “sin poder desconocer sus condiciones personales, decidió aceptar el nombramiento y tomar posesión de una cargo público para el cual no contaba con los recaudos formales mínimos”.

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