Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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14/05/2010-Una fiscal de Salta promueve acción penal contra exfuncionarios del gobierno por el caso Plumada  

Noticias Iruya

A través de un comunicado de prensa difundido esta tarde por el portavoz del Ministerio Público Fiscal de Salta, se ha sabido que la Fiscal Penal 2 del Distrito Centro, María Inés Loyola, promovió acción penal en contra de los funcionarios públicos (altos cargos políticos) que intervinieron en la contratación y pago de una millonaria suma a la empresa Plumada S.A.

Como se recordará, en el año 2007, el gobierno de Romero encargó a aquella empresa la digitalización de los archivos de la Provincia a cambio de una suma varias veces millonaria.

Hoy, la fiscal Loyola ha acusado a directivos de la firma y a responsables del anterior gobierno de delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, atribuyéndoles diferentes responsabilidades penales en calidad de autores y de cómplices.

No ha trascendido sin embargo el nombre de los funcionarios que han sido imputados por aquellos delitos, aunque se presume que entre los presuntos responsables se halla el senador Mashur Lapad, Vicepresidente Primero del Senado Provincial.

Para adoptar tal decisión, la fiscal Loyola consideró las graves y numerosas irregularidades administrativas advertidas en el proceso de contratación, tales como la violación de las normas locales sobre contrataciones, y el exiguo tiempo en que se llevó a cabo –menos de seis días hábiles-, teniendo en cuenta el volumen económico del contrato, unos 11 millones de pesos (unos dos millones de euros).

Según el Ministerio Fiscal, las irregularidades fueron detectadas de manera coincidente en por organismos de control, tales como la Auditoría General de la Provincia, la Sindicatura General y la Secretaría Legal Técnica, cuyos dictámenes resultaron decisivos.

La fiscal Loyola entiende que la falta de los controles obligatorios que prevé la ley para esos casos “hace suponer una probable vinculación entre los funcionarios intervinientes con algunos de los miembros de la Firma Plumada, que evidencian un interés particular en que tal negocio se realice, tiñendo de sospecha de parcialidad la actuación de un órgano que no sólo debe ser imparcial sino evitar toda imagen en contrario”.

La investigación penal había sido iniciada de oficio el 8 de abril pasado por el Fiscal Correccional 6 de Salta, tras lo cual la Procuración General recibió documentación remitida por la Secretaría General de la Gobernación, como el Decreto del Gobernador de la Provincia dejando sin efecto aquella contratación, el informe de Auditoría de la Provincia que motivó el dictado de esa norma y copias del expediente administrativo del Ministerio de Educación del año 2007, en donde se había instrumentado ese contrato. Tales actuaciones fueron giradas al Fiscal que ya se encontraba interviniendo en la cuestión.

Como medidas preliminares, el fiscal solicitó a la Fiscalía de Estado y a la Sindicatura de la Provincia los antecedentes de ese contrato y los dictámenes que culminaron con su cancelación.

El fiscal pidió además a diversas dependencias públicas que remitieran los expedientes administrativos con toda la documentación relativa a la contratación que celebró la Provincia con la empresa Plumada, desde el año 2006 y los informes que podría haber emitido al respecto la UNIREN como organismo de control.

Con toda esa información, el Fiscal Correccional advirtió la comisión de un delito más grave y decidió en consecuencia remitir las actuaciones al Fiscal Penal, que es competente en este tipo de delitos.

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