Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

Área de Comunicación

28/06/2011 - Aumentan la multa a Claro a 3.000 pesos diarios  

En relación al expediente extrajudicial que se sigue en torno a la antena existente en la localidad de Campo Quijano, ayer el juez civil y comercial, Mario D’ Jallad hizo lugar a un planteo del Procurador General de la Provincial, Pablo López Viñals de rechazar una contestación remitida por la empresa Claro el 24 e junio pasado con respecto a la presentación de informes de habilitación municipal y certificación de impacto ambiental.

PARTE DE PRENSA

 Salta, 28 de junio de 2011.

Aumentan la multa a Claro a 3.000 pesos diarios

 

En relación al expediente extrajudicial que se sigue en torno a la antena existente en la localidad de Campo Quijano, ayer el juez civil y comercial, Mario D’ Jallad hizo lugar a un planteo del Procurador General de la Provincial, Pablo López Viñals de rechazar una contestación remitida por la empresa Claro el 24 e junio pasado con respecto a la presentación de informes de habilitación municipal y certificación de impacto ambiental.

Asimismo, el procurador solicitó al juez se actualice el monto de la deuda en vista de la reticencia de la empresa, tanto en no presentar los informes requeridos el 7 de setiembre del año 2010 y mucho menos en pagar la multa de 500 pesos diarios impuesta en marzo pasado.

En vista a este pedido, el juez resolvió el lunes incrementar el monto de las astreintes diarios a la suma de 3 mil pesos, suma que se mantendrá por un plazo de 10 días. En caso de persistir el incumplimiento, la multa aumentará a 4 mil pesos por igual plazo de días, tras lo cual, y en caso de desobediencia, llegará a los 5 mil pesos.

En su contestación al pedido de informes, la empresa Claro, a través de su abogado José Durand Mendióroz, planteó respecto a la habilitación municipal que la empresa fue autorizada por el municipio de Campo Quijano el 27 de abril del año 2004, pero no específico a través de que Nº de expediente lo hizo.

Sobre la certificación de impacto ambiental, la empresa aludió la incompetencia de la justicia civil para tratar este asunto y sostuvo contar con la autorización de la Comisión de Nacional de Comunicaciones. En vista de ello, Claro dio por cumplido el requerimiento judicial a la vez que tampoco efectivizó el pago de la multa que arrastra y que asciende a los 32 mil pesos.

El 27 de junio, el procurador contestó el planteo de la empresa y pidió al juez que los términos esgrimidos por la firma no sean tenidos en cuenta, ya que no salvaban el pedido de informes, puesto que en el caso de la habilitación municipal no presentaron ninguna documentación habilitante sino argumentaron contar con la misma.

Respecto a la certificación ambiental, el procurador recordó que el tema de la competencia ya fue discutido y se rechazó la postura de la empresa. Asimismo, fue contundente al sostener que de ahora en más la única respuesta que se espera de Claro es la presentación del citado certificado, la información y documentación de que está en trámite o bien el reconocimiento de que no cuentan con tal certificado.

 

PROCURACIÓN GENERAL

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