Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

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19/08/2010 - Medida de protección para la casa de Córdoba 87  

La Fiscal Correccional 7, Gabriela González, solicitó una medida cautelar de No Innovar para la “Protección de Bien perteneciente al Patrimonio Arquitectónico Urbano” en relación al inmueble de Córdoba 87, de esta ciudad.

Parte de Prensa
Salta, jueves 19  de Agosto  de 2010


MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA LA CASA DE CÓRDOBA 87

La Fiscal Correccional 7, Gabriela González, solicitó una medida cautelar de No Innovar para la “Protección de Bien perteneciente al Patrimonio Arquitectónico Urbano” en relación al inmueble de Córdoba 87, de esta ciudad.

La medida solicitada al Juez de garantías en turno, Héctor Martínez, ha sido dirigida contra Francisco Masciarelli, personal dependiente o contratado del mismo y/o quienes resulten actuales propietarios del inmueble que fuera declarado “Bien de Interés Arquitectónico Urbanístico de la Provincia de Salta (BIPAUPS)” del Área Centro de la Ciudad y también declarado “Objeto de Protección (PAUCS)” en el Código de Panificación Urbano Ambiental (CPUA).  

En su presentación, la Fiscalía solicitó que se ordene “la inalterabilidad del es-tado actual de la edificación existente en el inmueble indicado, hasta tanto se cumpla con todo el procedimiento previsto en el CPUA, que determina que “…sólo podrán ser alterados en sus condiciones actuales a través de Proyecto Especial de Impacto Ambiental y Social”.

También se requirió que “cese de toda actividad de demolición, construcción y/o avance de las obras concretadas y/o proyectadas en el predio; que se realice el aseguramiento o apuntalamiento físico de la fachada de la mencionada propiedad, asegurando la estabilidad del frente de la misma, en miras a evitar daños a terceros y/o al Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia.”

Por último se solicitó “el seguimiento y control de las medidas solicitadas, por acción conjunta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia (COPAUPS) y de la Municipalidad de Salta.”    

La Fiscal entendió, como fundamento de su petición, que del análisis de la documentación que recopiló hasta el momento, surge la probable comisión del delito de Desobediencia a la Autoridad, en razón de que se habría procedido a la demolición clandestina del interior del inmueble en contra de lo expresamente ordenado por la autoridad administrativa competente (Resolución Nº 103/10 de la COPAUPS del 27/05/10), y la violación de otras normas aplicables al caso, como la que prevé la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental y social de manera previa a la habilitación de una obra de estas características.

La Fiscalía argumentó además que la demora en hacer lugar a la medida podría aparejar un acrecentamiento en el gravamen irreparable al Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, la persistencia en la comisión del delito y la posible materialización de daños a terceros.