Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta

Medio Ambiente e Intereses Difusos

   Los intereses difusos o derechos de incidencia colectiva se refieren a aquellas situaciones en que existe un conflicto de derechos que alcanzan el interés de un grupo más o menos determinado de personas. Cuando se pretende evitar un perjuicio común a muchas personas ó procurar un beneficio para todo un grupo, significa que se está ante un caso colectivo.
   Estos casos, se pueden referir a un bien que no le pertenece a alguien de manera individual sino a todo el grupo colectivamente (como el medio ambiente). O bien pueden referirse a derechos que sí son individuales, pero que se dan de una manera tan idéntica u homogénea respecto de todos los de un grupo, que resulta razonable reclamar de una sola vez, para lograr una sentencia que resuelva la situación de toda la clase (por ejemplo, grupos de usuarios ó consumidores ó grupos de sujetos discriminados, también los grupos de afectados ambientales ó en su libre competencia económica).
   La Procuración General y el Ministerio Público Fiscal de Salta, están legitimados extraordinariamente por la Constitución y la Ley para representar a todos ellos conjuntamente, unificando su interés.  Igualmente, en los casos en que la representación ha sido asumida por uno o más ciudadanos afectados grupalmente, estos Organismos Fiscales deben velar por que la gestión sea adecuadamente llevada, pudiendo, incluso, reemplazarlos si el Juez en el caso concreto declara una falta de diligencia en la defensa.
   Con esta finalidad, se ha creado una Relatoría especializada que asiste al Procurador General y, eventualmente, a los distintos Fiscales, en sus intervenciones y requerimientos judiciales y extrajudiciales referidos a derechos colectivos.

¿Cómo obtener Información Pública Ambiental?

Simplemente rellenando y presentando el modelo de escrito que la Procuración General ofrece en este link: FORMULARIO
   En los últimos años, y ante la creciente demanda pública por conflictos ambientales, las organizaciones civiles, la justicia y los poderes legislativos, han puesto los ojos en torno a esta problemática mundial.
   Muchos de los casos de degradación al medio ambiente que los salteños han hecho público a través de distintas vías, por lo general a través de los medios de difusión, han sido abordados por el Ministerio Público Fiscal.
   Pero cabe recordar que la Constitución de Salta dice que todos los ciudadanos primeramente tienen el deber de velar por la protección ambiental y en segundo lugar -recién- el derecho a disfrutarlo.
   Para ello la Ley Nº 7070, de Protección Ambiental, instrumenta el Sistema de Información Ambiental, cuya función es “reunir toda la información existente en materia ambiental, que se mantendrá actualizado y se organizará con datos físicos, económicos, sociales, legales y toda información vinculada con los recursos naturales y con el ambiente en general en la Provincia”.
   Asimismo, en el artículo 7, contempla para los habitantes de la provincia el “derecho” a “solicitar información, a su exclusivo cargo, que se encuentre en poder de los organismos públicos, relativa al estado del ambiente y del impacto que sobre él causan o pueden causar actividades públicas o privadas”.
   La reglamentación contempla el plazo de 10 días hábiles para que los funcionarios respondan a los requerimientos de informe y, caso contrario, incurren en falta grave.
   Atento a ello, el Ministerio Público de Salta ideó el formulario de “Pedido de Información Pública Ambiental”, al cual podrán acceder los ciudadanos a través del link mencionado, a fin de poder requerir en el mismo sus inquietudes en materia ambiental.
   Se recomienda presentarlo ante la Autoridad Municipal que corresponda -y mejor aún si tuviere sus oficinas de Medio Ambiente municipales- para obtener la información buscada.
   Por ejemplo podría preguntarse si una fábrica, actividad agropecuaria o taller tiene certificación ambiental y social vigente; ó cuales son los controles ambientales periódicos que recibe un servicio público o una empresa; ó cuales son los limites de vertidos líquidos, residuos o gases que puede liberar una actividad y que controles se le están haciendo, por citar algunas inquietudes.
   Finalmente si la autoridad municipal no contestara la información o no comunicara dentro del plazo que está haciendo para brindarla ó a que otra autoridad (por ejemplo provincial) o a qué particular (por ejemplo la propia empresa) le remitió su pedido para que se lo responda, quedará la posibilidad de interponer un amparo judicial para reclamarla.